El Impuesto Ambiental

Este tipo de impuestos está bastante extendido en Europa, pero no han sido utilizados profundamente en América Latina. Una característica fundamental de los impuestos ambientales es que, a diferencia de los impuestos generales, no generan distorsiones en las economías, ya que tienen la virtud de lograr que los sectores gravados incorporen dentro de sus costos los impactos ambientales de las actividades.

Con el uso de impuestos ambientales se genera un espacio de tributación importante sobre todo por la eficiencia que tienen, pero además, son particulares por lo acotados y diseccionados de los incentivos o castigos que generan. Asimismo, una buena aplicación tiene la posibilidad de generar cambios en el comportamiento de los agentes, por ejemplo, en la emisión de basura.

En Chile, hoy sólo se aplican impuestos ambientales al tabaco y las gasolinas, pero existe un amplio espectro de sectores donde podrían aplicarse: Usos y contaminación de aguas; a las emisiones y descargas a los ríos; deforestación; usos de plaguicidas; vertederos, emisión de basura y desechos industriales; tarificación vial diferenciada; emisiones de CO2, entro otros.

Un ejemplo claro, donde se requiere aplicar impuesto es en el sector termoeléctrico. Aquí se requiere generar incentivos para reducir el consumo de carbón. Para ello, se podrían aplicar impuestos diferenciados tanto al consumo de combustibles, como a la generación eléctrica y así distinguir entre las centrales que usan carbón o las que usan otros combustibles, mediante una señal de precios e impuestos que incentive el cambio hacia una matriz energética menos contaminante.

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Royalty propuesto es pán para hoy hambre para mañana

Para comentar sobre este tema, primero hay que definir que es un Royalty (Regalías), este se puede entender como un pago, que se realiza a favor del propietario de un derecho a cambio del permiso para ejercerlo. Los casos más extendidos de royalties se aplican a la minería, donde el dueño del derecho es el Estado, el que desea ejercerlo son las empresas y el pago se denomina royalty. Éste puede tomar la modalidad de tasa (un porcentaje de los ingresos o utilidades) o un monto fijo (por ejemplo, dólares por tonelada). El royalty es aplicable a varios sectores como pesca, usos de agua o concesiones acuícolas, donde la característica común es que mediante un royalty se hace posible cobrar el precio por uso del recurso que no es fácil (o posible) determinar a través de mecanismos directos, como el mercado, y que al no tener precios tienden a ser sobreexplotados. Dicho de otra forma, los royalty surgen porque hay un problema en la valorización de los recursos naturales, debido a que no tienen un valor in situ (antes de ser extraídos).

Los royalties bien aplicados y a tasas adecuadas, permitirían recaudar ingresos y, a su vez, tender al uso sustentable de los recursos naturales. Hoy en día, en cambio, en Chile sólo se aplica el royalty al sector minero, pero el mecanismo empleado presenta varias falencias: es una tasa que está por debajo del promedio de los royalties a nivel mundial; se aplica sobre las utilidades, no sobre los ingresos.

A partir del año 2005, en Chile se establece un royalty minero del 4% al 5%, donde se estableció una invariabilidad tributaria para las mineras por 12 años. Con el nuevo, proyecto de Royalty que propone el actual gobierno, se les pide a las mineras que pagen un royalty del 8%, durante el 2010 y 2011, renunciando voluntariamente al régimen instaurado en el 2005, a cambio se le dará una invariabilidad tributaria por 8 años más, es decir, hasta el 2025. A partir del 1012 pagaran un royalty del 3,5% al 9%, en función de los resultados de la empresa. El 3,5%, le corresponderá aquellas mineras que tengan un margen de rentabilidad inferior al 35% y así a medida que sube su margen rentabilidad al 75% pagaran un 9%, por concepto de royalty. Pero basta recordar, que en Chile, casi nunca las empresas mineras mantiene márgenes de rentabilidades sobre el 35%, ya que estas planifican sus rentabilidades tributarias para aminorar sus cargas impositivas, como ya todo el mundo fiscal lo conoce. Además hay que considerar, que ya para el año 2025, estas mineras ya habrán a agotado los yacimientos cupríferos por los cuales están explotando, por consiguiente difícilmente mantendrán márgenes de rentabilidades muy altos a esa fecha.

Con esta medida espera gobierno recaudar 700 millones de dólares, la pregunta es. ¿Nos convine Hipotecar nuestro cobre hasta el 2025?

La respuesta a mi juicio personal es No, si ya sabemos que estas empresas minimizan sus utilidades tributarias con el objeto de reducir su carga tributaria para maximizar sus utilidades financieras, como seria posible hipotecar un recurso del cual la tendencia a nivel mundial es aumentar las tasas de royalty, considerando que Chile posee una de las tasa más bajas por concepto de royalty, restringiéndonos de aumentar la tasa por muchos años y la eventual perdida de miles de millones de dolares en beneficio del Estado de Chile. Me es ilógico pensar que los fumadores en Chile, aportan 900 millones de dolares y las mineras 700 millones, me es ilógico pensar, en un país donde nos consideramos patriotas, donde celebramos con optimismo y alegría un triunfo de Chile, seamos capaces de hipotecar el cobre de Chile. Creo que el viejo dicho esta bien puesto aquí, pán para hoy hambre para mañana.

Juan Carlos Moscoso G.
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La Cultura Tributaria

Hoy en día el concepto de cultura tributaria, despierta un gran interés en las administraciones tributarias latinoamericanas, esto es, por la adopción de estrategias que permitan hacer conciencia en sus países sobre la importancia del cumplimiento de las obligaciones tributarias, pero desde un enfoque educativo que no se centra exclusivamente en la población contribuyente, sino que más bien dirige sus esfuerzos a los no contribuyentes, que van desde los niños y los jóvenes hasta los adultos que no forman parte de la base de contribuyentes efectivos, ya sea porque legalmente no tienen obligaciones impositivas directas o porque se desenvuelven en el ámbito de la informalidad.

Se entiende por cultura al conjunto de conocimientos, modos de vida y costumbres de una sociedad determinada, o bien como el conjunto de las manifestaciones en que se expresa la vida tradicional de un pueblo. Por cultura tributaria, se debe entender como el al conjunto de información y el grado de conocimientos que en un determinado país se tiene sobre los impuestos, pero más importante aún, al conjunto de percepciones, criterios, hábitos y actitudes que la sociedad tiene respecto a la tributación.

Siendo así, en el caso de la mayoría de países latinoamericanos podría afirmarse que ha prevalecido una conducta social adversa al pago de impuestos, que se manifiesta en actitudes de rechazo, resistencia y evasión, o sea en diversas formas de incumplimiento.

Con frecuencia dichas conductas intentan autojustificarse descalificando a la gestión de la administración pública, ya sea a partir de señalamientos de corrupción, ineficiencia o falta de transparencia en el manejo de los recursos, o bien de argumentos ideológicos acerca de la economía, la sociedad y el papel del Estado.

A grandes rasgos ese suele ser el entorno que, en buena parte de Latinoamérica, encuentran las administraciones tributarias para desarrollar sus funciones de educación tributaria. Sin embargo y desde un punto de vista positivo, se trata también de campos que pueden ser fértiles para la siembra y el cultivo de los valores éticos y de convivencia ciudadana que dan base y legitimidad social a la tributación y al cumplimiento de las obligaciones tributarias como una necesidad de país, para hacer viable el desarrollo económico, social y político que el Estado tiene por misión promover.

Esa perspectiva permite visualizar la amplitud del territorio sociocultural que se presenta a las iniciativas para la promoción de cultura tributaria y que les plantea, desde su concepción, la necesidad de establecer prioridades, elegir grupos objetivo, fijar metas y definir modos de abordaje consistentes con la estrategia institucional de la administración tributaria y los recursos disponibles para tal fin.

Se trata, por lo tanto, de la adopción de una estrategia que no puede ser parcial ni temporal, sino sustantiva, permanente e incorporada a las propias formas de ser y hacer de la institución, es decir, integrada a la cotidianidad de sus funciones básicas, pero con una visión de largo plazo que debe dirigirse tanto hacia fuera como hacia dentro de las administraciones tributarias.

La cobertura y los alcances de la estrategia pueden ser tan amplios o reducidos como la institución lo decida, pero en todo caso se requiere de profundidad en sus acciones, por limitadas que éstas sean, porque los cambios de patrones y de conductas no se generan de la noche a la mañana: implican transformaciones profundas en el pensamiento de los individuos y los grupos, que les muevan a actuar de una manera diferente a como lo han hecho, o bien, como en el caso de los niños y los jóvenes, que les hagan asumir una identidad ciudadana madura y responsable, plenamente consciente de sus derechos y obligaciones dentro de la sociedad donde viven.

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Declaración de contribuyentes del Impuesto Adicional

Para obtener una comprensión mas clara acerca de las modalidades de las declaraciones de los contribuyentes afectos al Impuesto adicional (aquellos que no tienen residencia o domicilio en Chile), e procedido a dividirlas bajo el nombre de declaración anual y mensual, ya que las considero mas ejemplificadoras para el lector de mi blog, aunque hay autores que las clasifican en modalidades de declaraciones y de retenciones respectivamente. Para una mayor comprensión del tema recomiendo leer el articulo titulado “El Impuesto Adicional”, publicado en este mismo blog.

• Declaración Anual: Son aquellas en virtud de la cual el Impuesto Adicional grava a la totalidad de las rentas de fuente chilena del contribuyente, y se declara anualmente en el Formulario 22. La retención que se efectúa, es sólo un anticipo a cuenta del Impuesto Adicional que debe ser declarado anualmente, así en el Art. 74 Nº 4 de la Ley de Impuesto a la Renta, dice, “…el monto de lo retenido provisionalmente se dará de abono al conjunto de los impuestos………..que declare el contribuyente respecto de las mismas rentas…”

En otras palabras, cuando el referido impuesto es accesorio del Impuesto de Primera Categoría debe declararse anualmente, excepto en el caso de los dividendos distribuidos a accionistas extranjeros, en este caso el Impuesto Adicional que afecta a dichas rentas queda solucionado con la retención de impuestos del 35% que debe efectuar la sociedad anónima o en comandita por acciones que reparte los dividendos (Art. 58 N° 2, de la Ley de Impuesto a la Renta). Lo anteriormente expuesto, es sin perjuicio de los pagos provisionales o las retenciones mensuales que efectúen los contribuyentes o que se efectúen por cuenta de estos, que se encuentren afectos al Impuesto Adicional de declaración anual.

• Declaración Mensual: Son aquellos, en que el Impuesto Adicional grava determinadas rentas con un tributo que por regla general tiene el carácter de único, y se declara en el Formulario 50. Su característica principal, es que permite cumplir la obligación tributaria inmediatamente, sin que exista obligación de presentar declaración anual alguna por parte del contribuyente del Impuesto Adicional.

Ahora bien, cuando el citado gravamen tiene la calidad de Impuesto Único a la Renta, este es propiamente de declaración mensual, ya que debe ser retenido por el pagador de la renta, debiendo declararse y pagarse simultáneamente dentro de los doce primeros días del mes siguiente al de su retención, de conformidad con las normas de los artículos 74 N° 4 y N° 79 de la Ley de Impuesto a la Renta.

Mucho podría escribir sobre las modalidades de declaración del impuesto adicional, es un tema apasionado y que a muchos contribuyentes confunde, pero que resumo en el siguiente cuadro sinóptico.

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¿Que es FISCO?

La palabra Fisco deriva de la palabra “Fiscus”, palabra latina que etimológicamente significa “canasta” o “cesto” y se designó así al conjunto de bienes destinados a la administración imperio romano, en oposición al erario público que era patrimonio del Estado corporizado en el “populus”. Hay que hacer notar que existe una relación de la palabra “fiscus” con la palabra griega “Fysk”, la cual hace referencia al engorde, a cosa ventruda o inflada.

El erario estaba constituido por los ingresos que provenían de las provincias senatoriales y era administrado por el Senado Romano. El fiscus estaba formado por el tesoro recaudado en las provincias imperiales y el emperador disponía su manejo con libertad absoluta y en la época del Bajo Imperio Romano el fiscus absorbió completamente al erario.

El fisco obtenía sus riquezas de varias maneras: por herencias vacantes, arrendamiento de tierras públicas, confiscación de bienes de los acusados por delitos públicos y criminales entre otras.

Algunos autores sostiene que el fisco en el derecho romano tenía el carácter de sujeto de derecho no humano, ya que por tratarse de un patrimonio afectado al cumplimiento de un fin, el ordenamiento jurídico le reconocía la facultad de adquirir derechos y contraer obligaciones; pero la mayoría de los romanistas consideran que no era ésta la verdadera naturaleza del fisco.

En la jurisprudencia y en las constituciones imperiales el fiscus aparece considerado en sí mismo como un ente, surgen vocablos como “ius fisci” (derechos del fisco), “debitoris fisci” (deudores del fisco), “stationes fisci” (cajas fiscales); sin embargo, es muy discutible que esta terminología deba considerarse como la expresión de una verdadera personificación. Por lo tanto el fisco imperial no es más que el patrimonio del Estado, tal como lo fuera el erario en la época republicana.

La lengua tiende a relegar esta palabra, por la mala prensa que se ha labrado. En torno a ella han surgido palabras tan poco tranquilizantes como confiscar y fiscalizar. Y colateralmente, fiscal y fiscalía, que aunque pertenezcan al ámbito judicial, delatan su origen impositivo.

En la actualidad el fisco no es sino un aspecto de la personalidad del Estado. La palabra fisco sirve para designar al Estado considerado como sujeto de derechos pecuniarios pero bien entendido, derechos de índole patrimonial.

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Los Impuestos al Comercio Exterior

Los impuestos que gravan las operaciones de comercio exterior, están directamente relacionadas con las importaciones, dado que las exportaciones se encuentran exentas de este tributo de acuerdo al artículo 12 letra d) del DL 825. En el caso de las importaciones se cobran derechos de aduana (derecho advalorem) que gravan en su gran mayoría todos los bienes y productos con una tasa general de un 6% del valor de la importación o valor aduanero, conocido como valor CIF (costo, seguro y fletes), además sobre este valor total (valor CIF + derechos advalorem) se le aplica a tasa del 19% de IVA.

En la actualidad existen reducciones bilaterales y regionales para algunos productos. Chile ha firmado tratados de libre comercio con Canadá, México, Estados Unidos, Asociación Europea (EFTA) y la Unión Europea y un tratado con Corea del Sur, que tienden a eliminar los derechos de aduanas entre los países partícipes dentro de plazos establecidos en el tratado. También hay acuerdos bilaterales y de complementación económica con Colombia, Venezuela, Perú, Argentina y Ecuador tendientes a la eliminación de derechos de aduanas. Chile pertenece al tratado MERCOSUR como país asociado y ha negociado reducciones y eliminaciones inmediatas y graduales de los derechos de aduana.

Dependiendo del valor de la mercancía el proceso para importar los bienes o servicios pueden ser:

a) Si el valor de la mercancía no supera los US $1000 valor FOB: el trámite lo puede hacer personalmente el importador ante la Aduana respectiva, en forma simplificada, vía Internet. Ahora bien, puede realizar esta importación a través de una agencia de courier donde se hace más expedito el trámite o como viajero.

b) Si el valor de la mercancía supera los US $ 1000 valor FOB: el importador debe contratar un agente de aduanas para el desaduanamiento de las mercancías y deberá entregar a éste los documentos de base que se requieren para confeccionar la Declaración de Ingreso, la que podrá ser presentada al Servicio Nacional de Aduanas, vía Internet.

Además hay que señalar que en algunos casos, dependiendo de la naturaleza de la mercancía, se requiere pagar impuestos especiales, sobre la misma base impositiva, ejemplo: automóviles de lujo, objetos suntuarios, bebidas alcohólicas, combustibles, etc.

En otras ocasiones, las mercancías están afectas a derechos específicos, de acuerdo a los rangos que en cada caso se establecen (por ejemplo: trigo y azúcar).

En el caso de la importación de mercaderías usadas (cuando exista autorización), estas tendrán un recargo adicional del 3% sobre su valor CIF, además de los tributos a los que están afectas, según su naturaleza.

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RENTA DE FUENTE MUNDIAL

En Chile se aplica el principio de Renta Mundial, es decir, toda persona domiciliada o residente en Chile pagará impuestos por todo tipo de renta ya sea ésta de fuente chilena o extranjera. Distinto es el caso de las personas sin domicilio o residencia en Chile, las cuales sólo pagaran impuestos por sus rentas de fuente chilena. Existe, además, un cierto incentivo al extranjero, en el sentido que los tres primeros años que permanezca en Chile, contado desde su ingreso al país, pagará impuesto sólo por sus rentas de fuente chilena, período que podrá ser prorrogado por el Director Regional en caso calificados, pasado estos tres años y su prórroga si es del caso, tributará bajo el principio de renta mundial.

De acuerdo a lo establecido en Art. 3° de la Ley de la Renta (D.L. 824), el contribuyente con domicilio o residencia en Chile responde ilimitadamente, es decir, debe tributar en Chile por la totalidad de sus rentas, independiente del origen que estas posean.

Así por ejemplo, un empleado o un empresario residentes en Chile, deben incluir en su base imponible personal las rentas que pudiera generarles un depósito a plazo en el exterior o las rentas de arrendamiento que obtenga de un inmueble situado en el extranjero.

Por su parte, el Art. 12° de la misma ley establece la oportunidad en que deben computarse en Chile las rentas de fuente extranjera obtenidas por estos contribuyentes, en donde se considerarán las rentas líquidas percibidas, excluyéndose aquellas de que no se pueda disponer en razón de caso fortuito o fuerza mayor o de disposiciones legales o reglamentarias del país de origen. Además en el caso de las agencias u otros establecimientos permanentes en el exterior, se considerarán en Chile tanto las rentas percibidas como las devengadas.

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LEY TAPON, SOBRE INCENTIVO TRIBUTARIO: Ley 18.320

En el Diario Oficial de 17 de Julio de 1984, se publicó la Ley Nº 18.320, conocida como la “Ley Tapón”, que establece normas encaminadas a incentivar el cumplimiento de las obligaciones tributarias y propiciar en los contribuyentes una actitud positiva frente a dichas obligaciones.

Las normas establecidas en dicha ley, inciden directamente en los términos de prescripción de la acción fiscalizadora del Servicio de Impuestos Internos, en cuanto sólo permiten examinar declaraciones y verificar la corrección en la determinación y pago de los impuestos contemplados en el D.L. Nº 825, de 1974 (Ley de IVA), en un lapso inferior al que comprenden los plazos de prescripción del Código Tributario, y si la conducta del contribuyente es correcta en el lapso examinado (36 meses), el Servicio deberá abstenerse de revisar o examinar los períodos anteriores. En cambio, si se detecta que en el lapso que esta ley autoriza a examinar se han producido omisiones, retardos u otras irregularidades, el contribuyente puede quedar sujeto a una revisión total de sus antecedentes tributarios por todo el tiempo que, conforme al artículo 200º del Código Tributario, el Servicio dispone para ejercer sus facultades de revisión, y se procederá a liquidar y girar los impuestos o diferencias resultantes de la revisión, de acuerdo a las normas generales de dicho Código.

En consecuencia, la acción fiscalizadora del Servicio de Impuestos Internos, encaminada a controlar la correcta declaración, determinación y pago de los impuestos mensuales del Decreto Ley Nº 825, deben adecuarse a las disposiciones indicadas en el artículo único de la Ley Nº 18.320, entendiéndose que ellas priman en esos casos sobre el Código Tributario u otra norma legal, reglamentaria o instrucción que versen sobre la materia, si fueren contradictorias.

Enlace Relacionado “Prescripción de los Impuestos”

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LAS CONTRIBUCIONES SON INSCONTITUCIONALES: ¿Impuesto Territorial en tela de juicio?

Hace varias semanas se me ha consultado mucho por el Impuesto Territorial, mal llamadas contribuciones (haga click aquí para ver el por que), en virtud del nuevo alza del reevalúo fiscal de ciertas propiedades, con el objeto primordial de reconstruir el país, pero este tema me ha venido inquietando desde hace mucho, por considerarlo inconstitucional el actual impuesto territorial. En virtud de dicha inquietud, e desarrollado un análisis al respecto el cual resumo en los siguientes párrafos.

Constitucionalmente, los impuestos se deben grabar en virtud de las rentas, según lo establece el Art. 19, numero 20 de la Constitución Política de Chile de 1980, pero el impuesto territorial recae sobre patrimonio de las personas, se estaría grabando sobre un patrimonio que ya ha tributado anteriormente, lo cual ya es una inconstitucionalidad.

Como no recordar a todas aquellos contribuyentes (desempleados, tercera edad y jubilados principalmente), que se vieron afectados por el ultimo reevalúo fiscal de bienes raíces del 2006, que no tenían la capacidad económica de pagar un impuesto territorial tan alto y se veían en el riesgo de perder su hogar donde desarrollaron su vida por culpa de este impuesto desproporcionado e injusto, por el solo hecho de haber establecido su hogar en un sector que con los años aumento su avaluó fiscal y por ende su hogar. Lo cual a todas luces ya es una inconstitucionalidad que se estaría dando con este impuesto, como lo resguarda este hecho el Art. 19, numero 20 inc. 2º de la Constitución Política de Chile de 1980, que establece que “la Ley no podrá establecer impuestos manifiestamente desproporcionados o injustos” y aun mas, en concordancia con el Art. 19, numero 26 de la Constitución Política de Chile, donde se señala que “no se podrán afectar los derechos en su esencia, ni imponer condiciones, tributos o requisitos que impidan su libre ejercicio”, lo cual establece que ninguna ley tributaria puede vulnerar los principios constitucionales esenciales, como en caso del derecho de propiedad, lo cual no se cumple con este impuesto.

Pero el hecho, que mas me hace pensar que es una inconstitucionalidad este impuesto, es el hecho que este tributo ya tiene un destino determinado, que son los municipios, este impuesto es una fuente de ingresos directos a los municipios como lo establece la Ley Municipal de Rentas II, lo que contradice arbitrariamente el Art. 19, numero 20 inc. 3º de la constitución política de Chile, la cual establece que los tributos que se recauden ingresarán al patrimonio de la Nación y no podrán estar afectos a un destino determinado, lo cual no es así con este impuesto territorial. Aun mas, se estaría acentuando la inconstitucionalidad de este impuesto territorial en este nuevo gobierno, al establecer un alza de las contribuciones selectivas con el objeto de obtener recursos con el destino de financiar la reconstrucción del país.

Por lo que e expuesto anteriormente, el actual impuesto territorial debiera de eliminarse, por constituir un hecho inconstitucional y debiera de remplazarse por un derecho municipal por los bienes y servicios que demanden los propietarios de los bienes rices, por dar una idea. Ahora bien, esta es una fácil manera de recaudar tributos para todo gobierno, también habaran buenas razones para mantenerlo.

Por Juan Carlos Moscoso

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