Facturación Electrónica: Obligación para todos (Ley 20.727)

El 31 de enero de 2014, se público en el Diario Oficial la Ley N° 20.727, sobre “Modificaciones a la Legislación Tributaria en Materia de Factura Electrónica y de otras medidas”, norma que obliga a los contribuyentes a su incorporación al uso de sistemas tecnológicos y la emisión de documentos electrónicos, en remplazo de la emisión de documentos  físicos.  

Esta ley exige a los contribuyentes agentes retenedores del Impuesto al Valor Agregado (IVA), la emisión y uso de factura electrónica, junto a otros documentos tributarios (como la liquidación factura, notas de débito y crédito y factura de compra)  en reemplazo de la emisión de documentos físicos.

El plazo general para hacer exigible esta nueva obligación es de 9 meses desde la publicación de la ley en el Diario Oficial, vale decir, a  partir del 1° de Noviembre de 2014.

Sin embargo, se contempla un plazo diferido y gradual para las empresas de menor tamaño, definidas como tales de acuerdo con la Ley N° 20.416 (Estatuto Pyme). Señalando la norma, que aquellas empresas de menor tamaño que de acuerdo con los instrumentos de planificación territorial, tengan domicilio en zonas urbanas entrará en vigencia la ley luego de 18 meses desde la publicación en el Diario Oficial (esto es, a partir del 1° de agosto de 2015), y respecto de aquellas con domicilio en zonas rurales la obligatoriedad comenzará a regir desde los 24 meses siguientes contados desde la publicación de la ley (esto es a partir, del 1° de febrero de 2016).

Para las microempresas se contempla un plazo de 24 meses desde la publicación de la ley (vale decir, desde el 1° de febrero de 2016) para su implementación, en el caso de aquellos contribuyentes domiciliados en centros urbanos,  y de 36 meses (desde el 1° de febrero de 2017), si se está domiciliado en zonas rurales.

Ley N° 20.727, D.O. 3 1 .01.2014
Tipo de Contribuyente*	Ingresos Anuales por Ventas y Servicios (último año calendario)  En UF		Ubicación	Plazo	Fecha de Inicio
	Desde	Hasta
Grandes	100.001	Y más	Todas	9 meses	1° de Noviembre 2014
Medianas y pequeñas	2.401	100.000	Urbana	18 meses	1° de agosto de 2015
			Rural	24 meses	1° de febrero 2016
Microempresas	0	2.400	Urbana	24 meses	1° de febrero 2016
			Rural	36 meses	1° de febrero 2017

*Clasificación según  Ley N° 20.416 (sobre el Estatuto PYME)

Esta norma tiene como contexto, la simplificación y modernización de la gestión tributaria, con el objeto evidente  de reducir la evasión del IVA.  La implementación de este sistema, conlleva la  simplificación de trámites a realizar ante el Servicio de Impuestos Internos, disminuyendo los costos de transacción asociados y facilitando, a su vez, el cumplimiento de las obligaciones tributaria.  Cabe recordar que el uso de la factura electrónica permite postergar el pago del IVA desde el día 12 al 20 de cada mes. Sin lugar a dudas, la implementación de esta norma significará una medida gravosa para muchos contribuyentes, sobre todo del sector de la microempresa.

  

La ley contempla expresamente las siguientes medidas para la correcta implantación del sistema electrónico:

• Plazos graduales para la entrada en vigencia de la ley, los que consideran la situación de las empresas más pequeñas, como se ha señalado.
• Se excluyeron de la obligación de emisión electrónica a las boletas y guías de despacho las que podrán emitirse en formato digital o en papel (a elección del contribuyente).
• El Servicio de Impuestos Internos (SII), tendrá la obligación de mantener y administrar un portal web para que las empresas de menor tamaño, entre otras, puedan utilizar esa plataforma para emitir las facturas electrónicas.
• Se establecieron expresamente los casos de excepción a la aplicación en régimen de la facturación electrónica (casos de catástrofe; zonas sin cobertura de internet; sin suministro de energía eléctrica), incorporándose un procedimiento que permita a las empresas facturar en papel y así dar operatividad al negocio.
• Se establece que el crédito fiscal IVA de una factura electrónica quedará determinado en el periodo en que el comprador o beneficiario otorgue “el acuse recibo” a dicha factura (el objetivo es generar un incentivo para evitar la postergación injustificada de este acuse de recibo).

Respecto al crédito fiscal, se estable una excepción respecto del derecho a crédito fiscal para el período en que se haga el acuse recibo, indicando que esta limitación no regirá en el caso de prestaciones de servicios, ni de actos o contratos afectos en los que, por aplicación de lo dispuesto en el artículo 55 de la Ley de Impuesto a las Ventas y Servicios, la factura deba emitirse antes de concluirse la prestación de los servicios o de la entrega de los bienes respectivos.