Eliminación libro de compras y ventas: Propuesta Formulario 29

A partir de septiembre, los contribuyentes afectos a IVA podrán acceder a una propuesta de Formulario 29 pre llenada, confeccionada a partir de un Registro de Compras y Ventas elaborado por el Servicio de Impuestos Internos (SII), de acuerdo a los documentos tributarios electrónicos (DTE) recibidos por esta entidad.

Esta nueva modalidad se encuentra establecida en Resolución 61, del 12 de julio de 2017, que entra en vigor (según resolutivo 13) a partir del “periodo agosto 2017”, esto es a partir de las compras y ventas de este periodo, las cuales deben ser declaradas en el formulario 29 de septiembre.

La novedad está dada que este formulario 29 de septiembre será propuesto por el Servicio de Impuestos Internos (propuesta de Formulario 29), elaborado en base al “Registro de Compras y Ventas” confeccionado por esta entidad, en virtud de los documentos tributarios electrónicos (DTE) que recepcione, que respalden operaciones afectas, exentas o no gravadas con IVA. Registro que deberá ser obligatoriamente complementado con aquellos documentos emitidos en medios distintos al electrónico (papel) recibidos o emitidos que respalden operaciones afectas, exentas y no afectas a IVA, y aquellos documentos tributarios electrónicos y no electrónicos cuyo detalle no debe ser enviado al SII, como el caso de los vales que remplazan las boletas.

Cabe advertir que en caso de los documentos de compras se establece la obligación de indicar la naturaleza de la operación, indicando la procedencia e identificación del crédito fiscal, tanto para DTE y no electrónicos.

Es así que esta resolución 61 (resolutivo 9), libera al contribuyente emisor de DTE de llevar el “Libro de compras y ventas”, el libro más sagrado en materia tributaria, libro que será remplazado por el “Registro de compra y ventas” elaborado por el Servicio y complementado por el contribuyente. Además esta resolución libera al contribuyente de generar y enviar mensualmente la información Electrónica de Ventas y Compras correspondientes a cada período tributario, según establecía Resolución 45 de 2003.

Respecto de los contribuyentes no sujetos al sistema de facturación electrónica, se liberan e la obligación de “libro de compras”, no así respecto del “libro de ventas”, por lo cual deberán seguir manteniendo tal registro, según se establece en el resolutivo 10, de la Resolución 61. Estos contribuyentes, deberán informar sus ventas mediante un resumen que será ingresado en el Registro de Ventas del Servicio de Impuestos Internos.

En virtud de la obligatoriedad de todos los contribuyentes incorporarse al sistema electrónico de facturación, según establece la Ley 20.727, de 2014, el Servicio de Impuestos Internos, contara con los documentos de compras y ventas que recepcione, los cuales constituirán la base para confección de su registro de compras y ventas, por lo cual la resolución además liberara a los contribuyentes de presentar las declaraciones juradas compras 3327 y de ventas 3328, obligación a la cual se encontraban solamente los que no emitían DTE.

A pesar de todas estas liberaciones, aun se mantendrá la obligación de mantener el libro de guías de despachos electrónicas.

Algunas dudas que persisten bajo esta nueva modalidad, está dada con aquellas zonas sin cobertura de internet, eléctrica o aquellas zonas declaradas en catástrofes,  por cuanto la resolución no se ha pronunciado al respecto, al menos hasta el momento.

Otro aspecto, no menor es el sistema operativo en sí mismo, la incertidumbre de la operatoria del sistema, el hecho de complementar lo registros de ventas y compras del SII, acreditando operaciones afectas no afectas, exentas  o determinando proporcionalidades, o estableciendo si corresponden a desembolsos que cumplen las condiciones del art. 31 de la Ley sobre Impuesto a la Renta.

Una duda que ronda en el ambiente, es el plazo establecido en el artículo 24 Decreto Ley Nº 825, de 1974, el cual establece para hacer ajustes al crédito fiscal dentro de los dos periodos tributarios siguientes cuando las facturas, notas de débitos o créditos se reciban o registren con retraso, plantándose que esta norma tácitamente está siendo eliminada por la Resolución 61 de 2017, en el sentido que los documentos recepcionados por el Servicio, se entenderán ya registrados, por lo cual no habría aplicación del artículo 24 citado, evidentemente esto atraería gran problema operativo. ¿Qué pasara con aquellas ventas efectuadas con guía de despacho, y facturadas hasta el décimo día del periodo siguiente con fecha del último día del mes anterior?

Otro aspecto que ronda en el ambiente (solo rumores), es la liberación de timbrar las boletas de ventas, estableciéndose solo la obligación de informar electrónicamente los folios que se utilizaran.  Si es verídico este rumor, tal vez será la extinción de nuestra querida boleta de ventas.

A continuación, se presenta un resumen de la Resolución 61 de 2017:

  

RESOLUTIVO 1.- Se crea el registro de compras y ventas, en virtud de los DTE emitidos y recibidos por el contribuyente,  y recepcionados por el SII.

RESOLUTIVO 2.- Establece la obligación a los contribuyentes afecto a IVA  e Impuestos Adicionales, operar mediante el sistema de Registro de Compras y Ventas electrónico del SII.

RESOLUTIVO 3.- establece la composición del registro de compras y ventas, que deberán estar conformado por DTE recepcionados por el SII, complementados con los documentos distintos al electrónico de ventas o compras informado por los contribuyentes

RESOLUTIVO 4.- Respecto de los documentos señalados en el Nº 7 del art. 23 de Ley de IVA, se deben incluir en el registro electrónico de compras en el periodo en que se efectúe el acuse de recibo o este se entiendan recibidas.

RESOLUTIVO 5.- Es obligatorio complementar los registros electrónicos de compras y ventas llevados por el SII:

Agregar documentos distintos electrónicos recibidos o emitidos que respalden operaciones afectas, exentas y no afectas a IVA, y aquellos documentos tributarios electrónicos y no electrónicos cuyo detalle no debe ser enviado al SII.

Es obligatorio indicar la naturaleza de la operación, indicando la procedencia e identificación del crédito fiscal, tanto para DTE y no electrónicos.

RESOLUTIVO 6.- La obligación de complementar el registro de compras y ventas se debe efectuar dentro del plazo legal para declarar y pagar el F 29 (siempre antes de declarar).

RESOLUTIVO 7.- El registro de compras y ventas, constituirá un registro especial de contabilidad (libro auxiliar)

RESOLUTIVO 8.-  el no cumplimiento de operar en el sistema electrónico establecido por el SII, tendrá multa del Nº 6, del art. 97 C.T. (Multa 1 UTM  a 1 UTA)

RESOLUTIVO 9.- Los contribuyentes sujetos al sistema de facturación electrónica, se encontraran exentos de llevar el libro de compras y ventas.

Respecto Contribuyentes 14 TER letra A): Los que operan el registro electrónico de compras y ventas, se excluirán de la obligación del llevar el libro de ingresos y egresos que establece tal norma.

Respeto de contribuyentes de renta presunta (Art. 34): los que operan el registro electrónico de compra y ventas, no estarán en la obligación de llevar el libro auxiliar del control del límite de ventas e ingresos de actividades sujetas le régimen de renta presunta.

RESOLUTIVO 10.-Los contribuyentes no sujetos al sistema de facturación electrónica, o que emitan otro tipo de documentos tributarios electrónicos que no deben ser enviados al SII,  se encontraran exentos de llevar el libro de compras, no así el libro de ventas. Estos contribuyentes deberán informa sus ventas a través del registro electrónicos de ventas.

RESOLUTIVO 11.-  Se deroga la presentación de la DJ de Compras 3327 y DJ de Ventas 3328, según establecía la Resolución  5 de 2014.

RESOLUTIVO 12.-  Se deroga la  obligación de generar y enviar mensualmente los archivos correspondientes a la Información Electrónica de Ventas y Compras correspondientes a cada período tributario, según establecía Resolución 45 de 2003.

Elimino la obligación de emitir el libro de compra y venta que establecía la resolución 45 de 2003

Por Juan Carlos Moscoso G.

Tributación de los Pequeños Contribuyentes

La Ley sobre Impuesto a la Renta, clasifica a los pequeños contribuyentes en su artículo 22, entendiendo a tales:

1.       Los pequeños mineros artesanales (Art. 23 de LIR);

2.       Los pequeños comerciantes que desarrollan actividades en la vía pública (Art. 24 de LIR);

3.       Los suplementeros (Art. 25 de LIR);

4.       Los propietarios de un taller artesanal u obrero (Art. 26 de LIR); y,

5.       Los pescadores artesanales (Art. 26 bis de LIR).

Debemos entender por tales:

Definición de Pequeños Contribuyentes Art. 22 de LIR
Calificativo	Se entiende por tal a:
Pequeños Mineros Artesanales	Las personas que trabajan personalmente una mina y/o una planta de beneficios de minerales, propios o ajenos, con o sin la ayuda de su familia y/o con un máximo de 5 dependientes asalariados. Se comprende también en esta denominación las sociedades legales mineras que no tengan más de 6 socios, y las cooperativas mineras, y siempre que los socios o cooperados tengan todos el carácter de mineros artesanales de acuerdo con el concepto antes descrito.
Pequeños Comerciantes que desarrollan actividades en la vía publica	Las personas naturales que prestan servicios o venden productos en la vía pública, en forma ambulante o estacionada y directamente al público, según calificación que quedará determinada en el respectivo permiso municipal, sin perjuicio de la facultad del Servicio de Impuesto Internos para excluir a determinados contribuyentes de este calificativo, cuando existan circunstancias que los coloquen en una situación de excepción con respecto del resto de los contribuyentes de su misma actividad o cuando la rentabilidad de sus negocios no se compadezca con la tributación especial a que estén sometidos.
Suplementeros	Los pequeños comerciantes que ejercen la actividad de vender en la vía pública, periódicos, revistas, folletos, fascículos y sus tapas, álbunes de estampas y otros impresos análogos.
Propietario de pequeño taller artesanal u obrero	Las personas naturales que posean una pequeña empresa y que la exploten personalmente, destinada a la fabricación de bienes o a la prestación de servicios de cualquier especie, cuyo capital efectivo no exceda de 10 unidades tributarias anuales al comienzo del ejercicio respectivo, y que no emplee más de 5 operarios, incluyendo los aprendices y los miembros del núcleo familiar del contribuyente. El trabajo puede ejercerse en un local o taller o a domicilio, pudiendo emplearse materiales propios o ajenos.
Pescadores artesanales inscritos	Los pescadores artesanales inscritos en el registro establecido al efecto por la Ley General de Pesca y Acuicultura, que sean personas naturales, calificados como armadores artesanales a cuyo nombre se exploten una o dos naves que, en conjunto, no superen las quince toneladas de registro grueso. Para determinar el tonelaje de registro grueso de las naves sin cubierta, éste se estimará como el resultado de multiplicar la eslora por la manga, por el puntal y por el factor 0.212, expresando en metros las dimensiones de la nave.  Tratándose de naves con cubierta, que no cuenten con certificado de la autoridad marítima que acredite su tonelaje de registro grueso, éste se estimará como el resultado de multiplicar la eslora por la manga, por el puntal y por el factor 0.279, expresando en metros las dimensiones de la nave.

En el caso de pequeños mineros, comerciantes y suplementeros  se afectaran con un Impuesto Único Sustitutivo de todos los impuestos de la Ley de la Renta, que es retenido por las empresas mineras por la compra del mineral, por las municipalidades o las empresas periodísticas, dependiendo del caso, y con esta retención tales contribuyentes habrán cumplido con su obligación tributaria anual.

En el caso de los propietarios de un pequeño taller artesanal u obrero o los pescadores artesanales, cumplirán su obligación tributaria anual declarando y pagando el Impuesto Único  a través del formulario 22 en abril.

Tributación de los Pequeños Contribuyentes Art. 22 de LIR
Tipo de Contribuyente		Forma de determinar Renta	Forma de enterar impuesto
Art. 23	Pequeños Mineros Artesanales	Se afectan con un Impuesto Único Sustitutivo  (IUS) que se aplica a las ventas de los minerales, cuya tasa será: ·         1% si el precio internacional del cobre, no excede de 293,60 centavos de dólar por libra. ·         2% si el precio internacional del cobre excede de 293,60 centavos de dólar por libra y no sobrepasa de 377,52 centavos de dólar por libra, y ·         4% si el precio internacional del cobre excede de 377,52 centavos de dólar por libra. ·         2% si se trata de otros productos mineros sin contenido de cobre, oro o plata. Este impuesto es retenido por los compradores de los minerales.	Es retenido por los compradores de los minerales
Art. 24	Pequeños Comerciantes que desarrollan actividades en la vía publica	Pagaran anualmente un Impuesto Único Sustitutivo (IUS) de: ·         ½ UTM para comerciantes de ferias libres y estacionados.	Es retenido en las municipalidades
Art. 25	Suplementeros	Pagaran un Impuesto Único Sustitutivo  anual de: ·         0,5% del valor total de las ventas de periódicos, revistas, folletos y otros impresos que expendan dentro de su giro. ·         los suplementeros estacionados, deberán  pagar adicionalmente ¼ de UTM por los demás productos que vendan, como los cigarrillos, números de lotería, gomas de mascar y otros artículos de escaso valor.	Es retenido por las empresas periodísticas
Art. 26	Propietario de pequeño taller artesanal u obrero	Pagaran anualmente un Impuesto Único Sustitutivo, la cantidad mayor de: ·         2 UTM ·         3% sobre el monto de los ingresos brutos ·         1,5% sobre el monto de los ingresos brutos respecto de talleres que se dediquen a la fabricación de bienes en forma preponderante.	Declaran y pagan a través de Formulario 22 en abril
Art. 26 bis	Pescadores artesanales inscritos	Pagaran anualmente un impuesto único sustitutivo de: ·         ½ UTM  los que tengan 1 o 2 naves artesanales que, en su conjunto, no superen las 4 toneladas de registro grueso; 1 UTM los que tengan 1 o 2 naves artesanales que, en su conjunto, tengan sobre 4 y hasta 8 toneladas de registro grueso, y ·         2 UTM los que tengan 1 o 2 naves que, en conjunto, tengan sobre 8 y hasta 15 toneladas de registro grueso.	Declaran y pagan a través de Formulario 22 en abril

En el caso de los pequeños comerciantes, los artesanos y los pequeños prestadores de servicios, que venden directamente al público o prestan servicios directamente al consumidor podrán acogerse al sistema simplificado del IVA, contenido en los artículos 29 al 35 de la ley del IVA.

Este sistema permite a los contribuyentes precedentemente antes mencionados, pagar y declarar el IVA cada tres meses,  entre el 1º y el 12 del mes de abril, julio, octubre y enero del siguiente año, por las declaraciones de impuesto correspondientes a los períodos de enero a marzo, abril a junio, julio a septiembre y octubre a diciembre, respectivamente.

Estos contribuyentes pagaran el IVA sobre una cuota fija mensual determinada por el servicio (que va de 0,6 UTM a  4 UTM) , que se declara y pagara cada tres meses. Esta cuota mensual se determinara según el  monto efectivo o estimado de ventas o prestaciones de servicios, o el índice de rotación de las existencias de mercaderías, o en su defecto el valor de las instalaciones u otros que puedan denotar el volumen de negocios.

Podrán acogerse a este sistema simplificado, siempre que reúnan los siguientes requisitos:

·         Que sean Personas naturales

·         Que vendan o presten servicio directamente al público consumidor.

·         Que el monto promedio de sus ventas mensuales totales, afectos (excluido el impuesto) y exentos, correspondiente al período de doce meses anteriores, al mes en que debe efectuarse la declaración para acogerse al régimen simplificado, no sea superior a 20 UTM, promedio de ese mismo período.

·         Los contribuyentes afectos , además del IVA a los impuestos especiales establecidos a los bienes suntuarios, ILA, específicos

Estos contribuyentes se encontrara liberados de emitir boletas por las ventas o servicios prestados, al mismo tiempo deberán mantener a la vista del público, en lugar destacado, un cartel proporcionado por el SII que lo acredite como pequeño contribuyente.

A pesar que estos contribuyentes se encuentren liberados de emitir documentos tributarios por sus ventas o servicios prestados y de pagar una cuota fija mensual, se encontrarán en la obligación de tener un libro de venta y de compra, en las cuales deberán registrar sus operaciones, con sus documentos de respaldos.

Este sistema simplificado de IVA tiene particularidades propias, así como el derecho a crédito fiscal que le asiste a estos contribuyentes, tema que abordaremos en una próxima publicación.

Por Juan Carlos Moscoso G. 

Costo de bienes inexistentes

Para los efectos de la determinación de la renta líquida imponible, vale decir, la renta sobre cual aplicaremos el impuesto de primera categoría, deberemos considerar en su primera etapa de determinación, antes de aplicar los ajustes, la deducción de los costos directos incurridos en la determinación de los ingresos brutos determinados según las normas del artículo 29 de la Ley sobre Impuesto a la Renta.

Conforme a la norma tributaria, la determinación de los costos directos está contenida en el artículo 30 de la Ley sobre Impuesto a la Renta, entendiéndose por costo directo como el valor de los bienes y servicios  que se requieren para la obtención de la renta. Es asi que el artículo 30 en comento nos señala la manera de determinarlo mediante el señalamiento de distintos casos, como lo hemos tratado en publicación del 17 de marzo de 2017, titulada  “Costo directo de las existencias y costo de reposición”.

En esta oportunidad trataremos aquella disposición del inciso tercero del artículo 30, que trata de un costo estimado respecto de aquellos bienes inexistentes a la fecha de la enajenación.

En este sentido el inciso tercero del art. 30 de la LIR, señala:

"Tratándose de bienes enajenados o prometidos enajenar a la fecha del balance respectivo que no hubieren sido adquiridos, producidos, fabricados o construidos totalmente por el enajenante, se estimará su costo directo de acuerdo al que el contribuyente haya tenido presente para celebrar el respectivo contrato. En todo caso, el valor de la enajenación o promesa deberá arrojar una utilidad estimada de la operación que diga relación con la que se ha obtenido en el mismo ejercicio respecto de las demás operaciones; todo ello, sin perjuicio de ajustar la renta bruta definitiva de acuerdo al costo directo real en el ejercicio en que dicho costo se produzca".

Por interpretación del SII, esta norma solo afectaba a las empresas fabricantes o productoras de bienes destinados a la venta posterior cuando la enajenación se materializara jurídicamente con anterioridad a la fecha del balance pero los bienes a dicha fecha no estuvieren producidos totalmente (véase la Circular Nº 4, de 1977).

La relevancia de esta norma está dada al término del ejercicio comercial, ya que se debe reconocer el ingreso por la enajenación de tales bienes, generando por tanto una utilidad. Esta norma, le obliga al contribuyente determinar un costo provisorio de tal enajenación, lo que me permitirá determinar una utilidad provisoria estimada.

En consecuencia, esta norma obliga a estimar un "costo directo" de los bienes que enajenen o prometan enajenar y a incorporar como ingresos brutos del ejercicio el valor o precio convenido para los mismos.

Es importante señalar que dicha estimación debe estar referida a la fecha de cierre del respectivo ejercicio.

Entre otras, la disposición en comento tiene aplicación respecto de las siguientes operaciones:

·      Enajenación de mercaderías, materias primas, materiales e insumos no adquiridos a la fecha de cierre del ejercicio.

·      Todo acto, contrato o convención que implique la promesa de enajenar mercaderías, materias primas, materiales o insumos no adquiridos a la fecha de cierre del ejercicio.

·      Enajenación o cualquier acto, contrato o convención que involucre la promesa de enajenar bienes muebles cuya fabricación, manufactura o producción no se hubiere iniciado a la fecha de cierre del ejercicio.

·      Enajenación o cualquier acto, contrato o convención que implique la promesa de enajenar bienes muebles que se encuentran en proceso de fabricación, manufactura o producción a la fecha de cierre del ejercicio.

Respecto de este tipo de bienes enajenados o prometidos enajenar, pero que a la fecha del balance respectivo la empresa o contribuyente no los hubiere adquirido o simplemente no hubiere completado totalmente su manufactura, producción, fabricación o construcción, su "costo directo" tendrá que ser estimado provisoriamente por el enajenante o promitente enajenante, para lo cual deberá seguir la siguiente pauta:

a) El monto del costo directo estimado deberá, en primer término, corresponder al que el contribuyente haya tenido presente para celebrar el contrato.

b) La diferencia entre el valor de la enajenación, o de la promesa de enajenar, y el costo directo estimado deberá dar margen u origen a una utilidad que tendrá el carácter de provisoria.

c) El monto de la referida utilidad provisoria deberá ser de una cuantía que diga relación con la obtenida por el contribuyente en el mismo ejercicio respecto de otras operaciones que versen sobre bienes semejantes.

d) Si durante un ejercicio faltare el marco de referencia que significan las operaciones a que se refiere la letra c) inmediatamente anterior, el contribuyente deberá dejar constancia detallada en la contabilidad, ya sea en el asiento contable respectivo o mediante una nota contable, de la forma y valores que dieron como resultado el costo directo estimado o provisorio de la operación.

e) En el ejercicio siguiente o en aquel en que el contribuyente pueda precisar el costo directo real de los bienes enajenados o prometidos enajenar, se deberán regularizar las diferentes anotaciones contables que dieron origen a la utilidad provisoria.

Cabe advertir que este norma, no es aplicable respeto de los inmuebles enajenados o prometidos de enajenar antes de que estos hayan iniciado su construcción o cuando estos están en proceso de construcción. Hasta antes de 1987, la enajenación o promesas de venta de este tipo de bienes si estaban afectados por esta disposición, pero la Ley Nº 18.682, publicada en el Diario Oficial el 31 de diciembre de 1987, modifico las disposiciones de los artículos 29 y 30 de la LIR, estableciendo  oportunidad o período en que deben computarse o deducirse, según corresponda, los ingresos y costos directos originados en la celebración de contratos de promesa de venta de inmuebles y de contratos de construcción por suma alzada de ese mismo tipo de bienes.

Según las nuevas disposiciones del artículo 29 de la LIR, disponen que los ingresos brutos obtenidos con motivo de los contratos de promesa deben incluirse en el período en que se suscriba el contrato de venta prometido y respecto de los originados por los contratos de construcción por suma alzada, en el ejercicio en que se formule el cobro respectivo. Así mismo, las modificaciones del artículo 30 de la LIR, referente al costo, señala que respecto de estos contratos aludidos, en el caso de contratos de promesa de venta de inmuebles, el costo directo de su adquisición o construcción se deducirá en el ejercicio en que se suscriba el contrato de venta correspondiente, y respecto de los contratos de construcción por suma alzada, el costo directo deberá deducirse en el ejercicio en que se presente cada cobro.

Por Juan Carlos Moscoso G.

Efectos Tributarios de la Condonación de deudas

Se debe entender que la condonación de deudas extingue las obligaciones del deudor y los derechos del acreedor, y que es un acto que surge de la mera liberalidad de éste último (el acreedor).  En efecto, el Nº 4 del inciso 2º del artículo 1567 del Código Civil, señala que la remisión o condonación es un modo de extinguir las obligaciones, que consiste en la renuncia voluntaria y gratuita que efectúa el acreedor de su crédito, consintiéndolo así el acreedor.

Sobre este hecho el Servicio de Impuestos Internos se ha pronunciado, señalando los efectos de la condonación o remisión respecto del deudor y del acreedor.

Deudor	Acreedor
La renuncia del acreedor a su derecho de exigir el pago del crédito implica que el monto de la deuda remitida constituye un incremento de patrimonio para éste, lo cual significa que se produce renta de acuerdo a lo dispuesto en el N° 1 del artículo 2, de la LIR, afectándose en consecuencia con los tributos que correspondan de acuerdo a las reglas generales. Para determinar la cantidad a que corresponde la renta producto de la remisión, debe estarse al saldo insoluto de la deuda, es decir, corresponderá al capital, reajustes e intereses adeudados conforme a los respectivos títulos de deuda o contratos.	La pérdida que éste sufre, en razón de la renuncia voluntaria al derecho indicado anteriormente, adopta la calidad de un gasto rechazado (de aquellos del N° 1, del artículo 33 de la LIR.) y, por lo tanto, debe agregarse a la Renta Líquida Imponible del Impuesto de Primera Categoría para la aplicación y cálculo de dicho tributo, siempre que haya disminuido la Renta Líquida declarada. Con la renuncia voluntaria y gratuita que hace el acreedor de su crédito a favor del deudor, a través de la condonación, dicha partida ha dejado de formar parte del patrimonio tributario de la empresa. En efecto, como consecuencia de esta renuncia el crédito condonado deja de formar parte del patrimonio tributario de la empresa, constituyendo esta disminución patrimonial una cantidad representativa de desembolsos de dinero, que no debe imputarse al valor o costo de los bienes del activo de la empresa, por lo que se encuentra gravada con la tributación dispuesta por el artículo 21 de la LIR.
Jurisprudencia
Oficio N° 572, de 24.02.2015 Oficio N° 1953, de 25.08.2011 Oficio N° 2750, de 03.09.2009 Oficio N° 3076, de 23.08.2005

Cabe advertir, que de la regla anterior sólo se excepciona la remisión establecida por ley, ya que en ese caso, de acuerdo al N°22 del artículo 17° de la Ley de la Renta, el ingreso que supone la remisión no constituye renta.