Propuesta de Reforma Tributaria de Michelle Bachelet

Como se ha comentado, el gobierno de Michelle Bachelet despachara al Congreso Nacional su reforma tributaria, dentro del plazo de 100 días de su gobierno. Esta reforma tributaria, tiene por objetivo incrementar la recaudación fiscal en más 8.000 millones  de dólares, avanzar en la equidad, hacerse cargo del déficit estructural del gobierno de Sebastián Piñera  e introducir nuevos mecanismos que incentiven el ahorro y la inversión.

A continuación, se exponen las medidas propuestas por Michelle Bachelet, para confección de su reforma tributaria, cabe mencionar, el contenido de la propuesta de la presidenta electa es muy  impreciso al respecto:

1.  1.-      Aumento en forma gradual de la tasa del impuesto de primera categoría, de un 20% a 25% en un plazo de 4 años. Se reconoce como crédito el Impuesto de Primera Categoría, manteniéndose la integración de impuestos entre empresas y personas.

2.    2.-    Los dueños de la empresa deberán tributar por la totalidad de las utilidades, vale decir, sobre “base devengada” y no sobre la base de retiros. Esta medida se implementara a partir del cuarto año de la reforma, lo cual implicará la eliminación del Fondo de Utilidades Tributables (FUT).

3.       Se mantendrá el FUT acumulado o histórico. A partir del año en que comienza el nuevo régimen de tributación, (cuarto año de la reforma), estas utilidades tributarán en la medida en que sean retiradas.

4.       Se reducirá en forma gradual, la tasa máxima de los impuestos personales, del 40% actual a un 35%, en el plazo de cuatro años.

5.       Se creará un sistema de depreciación instantánea, el cual aplicará a partir del cuarto año de implementación de la reforma (las empresas podrán descontar de las utilidades la inversión total del año en curso).

6.       Se crearan normas de exención de impuestos a las personas por las ganancias percibidas con el ahorro que realicen en instrumentos financieros, hasta un tope correspondiente a rentabilidad de instrumentos sin riesgo (premiar el ahorro).

7.       Se ampliará y potenciara el sistema simplificado del artículo 14 ter de la Ley de la Renta. Lo que se pretende es ampliar el beneficio a todas las empresas con ventas anuales “inferiores” a 14.500 unidades tributarias mensuales (UTM), sean empresas individuales o personas jurídicas, e independiente de sus obligaciones respecto del IVA. Esto comenzara a regir a partir del primer año de aprobada la ley.

8.       Se pretende eliminar el régimen de renta presunta, 14 bis y 14 quáter de la Ley de la Renta. Se establece un cambio de sujeto en el pago del IVA.

9.       Se establecerá que las grandes empresas, que realicen compras a plazo a sus proveedores, serán las responsables de pagar una proporción del IVA de dichas operaciones.

10.   Se establecerá un Impuesto proporcional a vehículos particulares que utilizan petróleo diésel y vehículos de alta cilindrada (este impuesto se pagaría anualmente con el permiso de circulación, diferenciado según el combustible utilizado).

11.   Se implementará un impuesto a la emisión de contaminantes, considerando que el uso de combustibles fósiles en la industria genera efectos negativos al medioambiente y la salud de las personas.

12.   Se eliminaría la devolución del Impuesto específico del petróleo diésel (IEPD) a las industrias.

13.   Se establecerá un impuesto específico a las bebidas alcohólicas, en proporción al volumen de alcohol puro incluido en cada tipo de bebida (por ejemplo: igual a 20 UTM por cada 100 litros de alcohol puro incluido en cada tipo de bebida).

14.   Se incrementará el actual “impuesto a los cigarrillos” por un impuesto específico por cantidad, y se reducirá el impuesto ad-valorem, de manera tal que mantenga la recaudación en su nivel actual. La medida resulta ser un claro desincentivo al consumo.

15.   Se gravará con IVA todas las transacciones de inmuebles, entre constructoras, inmobiliarias y otros agentes intermedios, anteriores a la venta que se realice al consumidor final.

16.   Se restringe el Crédito Especial de las Empresas Constructoras (CEEC), limitándolo sólo a viviendas con precios inferiores a las 2.000 UF.

17.   Se aumentaría en el Impuesto de Timbres y Estampillas, desde el actual 0,4% a 0,8%.

18.   Se deroga para los nuevos proyectos de inversión, el DL 600, sobre el Estatuto de la Inversión Extranjera.

19.   Se modificará la tributación de los Fondo Inversión Privada (FIP), asimilándola a la tributación de las empresas.

Facturación Electrónica: Obligación para todos (Ley 20.727)

El 31 de enero de 2014, se público en el Diario Oficial la Ley N° 20.727, sobre “Modificaciones a la Legislación Tributaria en Materia de Factura Electrónica y de otras medidas”, norma que obliga a los contribuyentes a su incorporación al uso de sistemas tecnológicos y la emisión de documentos electrónicos, en remplazo de la emisión de documentos  físicos.  

Esta ley exige a los contribuyentes agentes retenedores del Impuesto al Valor Agregado (IVA), la emisión y uso de factura electrónica, junto a otros documentos tributarios (como la liquidación factura, notas de débito y crédito y factura de compra)  en reemplazo de la emisión de documentos físicos.

El plazo general para hacer exigible esta nueva obligación es de 9 meses desde la publicación de la ley en el Diario Oficial, vale decir, a  partir del 1° de Noviembre de 2014.

Sin embargo, se contempla un plazo diferido y gradual para las empresas de menor tamaño, definidas como tales de acuerdo con la Ley N° 20.416 (Estatuto Pyme). Señalando la norma, que aquellas empresas de menor tamaño que de acuerdo con los instrumentos de planificación territorial, tengan domicilio en zonas urbanas entrará en vigencia la ley luego de 18 meses desde la publicación en el Diario Oficial (esto es, a partir del 1° de agosto de 2015), y respecto de aquellas con domicilio en zonas rurales la obligatoriedad comenzará a regir desde los 24 meses siguientes contados desde la publicación de la ley (esto es a partir, del 1° de febrero de 2016).

Para las microempresas se contempla un plazo de 24 meses desde la publicación de la ley (vale decir, desde el 1° de febrero de 2016) para su implementación, en el caso de aquellos contribuyentes domiciliados en centros urbanos,  y de 36 meses (desde el 1° de febrero de 2017), si se está domiciliado en zonas rurales.

Ley N° 20.727, D.O. 3 1 .01.2014
Tipo de Contribuyente*	Ingresos Anuales por Ventas y Servicios (último año calendario)  En UF		Ubicación	Plazo	Fecha de Inicio
	Desde	Hasta
Grandes	100.001	Y más	Todas	9 meses	1° de Noviembre 2014
Medianas y pequeñas	2.401	100.000	Urbana	18 meses	1° de agosto de 2015
			Rural	24 meses	1° de febrero 2016
Microempresas	0	2.400	Urbana	24 meses	1° de febrero 2016
			Rural	36 meses	1° de febrero 2017

*Clasificación según  Ley N° 20.416 (sobre el Estatuto PYME)

Esta norma tiene como contexto, la simplificación y modernización de la gestión tributaria, con el objeto evidente  de reducir la evasión del IVA.  La implementación de este sistema, conlleva la  simplificación de trámites a realizar ante el Servicio de Impuestos Internos, disminuyendo los costos de transacción asociados y facilitando, a su vez, el cumplimiento de las obligaciones tributaria.  Cabe recordar que el uso de la factura electrónica permite postergar el pago del IVA desde el día 12 al 20 de cada mes. Sin lugar a dudas, la implementación de esta norma significará una medida gravosa para muchos contribuyentes, sobre todo del sector de la microempresa.

  

La ley contempla expresamente las siguientes medidas para la correcta implantación del sistema electrónico:

• Plazos graduales para la entrada en vigencia de la ley, los que consideran la situación de las empresas más pequeñas, como se ha señalado.
• Se excluyeron de la obligación de emisión electrónica a las boletas y guías de despacho las que podrán emitirse en formato digital o en papel (a elección del contribuyente).
• El Servicio de Impuestos Internos (SII), tendrá la obligación de mantener y administrar un portal web para que las empresas de menor tamaño, entre otras, puedan utilizar esa plataforma para emitir las facturas electrónicas.
• Se establecieron expresamente los casos de excepción a la aplicación en régimen de la facturación electrónica (casos de catástrofe; zonas sin cobertura de internet; sin suministro de energía eléctrica), incorporándose un procedimiento que permita a las empresas facturar en papel y así dar operatividad al negocio.
• Se establece que el crédito fiscal IVA de una factura electrónica quedará determinado en el periodo en que el comprador o beneficiario otorgue “el acuse recibo” a dicha factura (el objetivo es generar un incentivo para evitar la postergación injustificada de este acuse de recibo).

Respecto al crédito fiscal, se estable una excepción respecto del derecho a crédito fiscal para el período en que se haga el acuse recibo, indicando que esta limitación no regirá en el caso de prestaciones de servicios, ni de actos o contratos afectos en los que, por aplicación de lo dispuesto en el artículo 55 de la Ley de Impuesto a las Ventas y Servicios, la factura deba emitirse antes de concluirse la prestación de los servicios o de la entrega de los bienes respectivos.

Tratamiento tributario de los gastos que incurre el arrendatario de un inmueble en su habilitación o acondicionamiento

Es común que muchos arrendatarios incurran en desembolsos sobre el inmueble que arriendan, con el objeto de habilitarlos o acondicionarlos como oficina, local de venta, bodega u otros relativos a su giro  o actividad, y que según se estableció en el contrato de arriendo son de cargo del arrendatario, por lo tanto no están sujetos a devolución o reintegro, total o parcial del desembolso.

Desde el punto de vista fiscal, para establecer el tratamiento tributario que se le deben dar a estos desembolsos por parte del arrendatario, es necesario distinguir primeramente entre aquellos desembolsos que tienen por objeto habilitar o acondicionar el inmueble para mantenerlo en buenas condiciones, sin agregar un mayor valor al bien raíz, y aquellas erogaciones que tienen como propósito mejorar el estado de dichos inmuebles, aumentando su valor, todo esto de acuerdo  a las instrucciones impartidas por el Servicio de Impuestos Internos a través del Circular N° 53, del 04 de mayo de 1978.

Es así que el Servicio, estableció que se debe distinguir, entre “Reparaciones locativas”, “Reparaciones o mejoras necesarias” y por “Mejoras Útiles”, con el objeto de establecer el tratamiento tributario de estos desembolsos, en virtud de esto, se presenta la siguiente tabla resumen del tratamiento tributario de tales erogaciones.

·              Reparaciones locativas

·              Reparaciones o mejoras necesarias

·              Mejoras Útiles

Desembolso	Concepto	Tratamiento Tributario
Reparaciones locativas	Son aquellas que tienen por objeto subsanar los deterioros que correspondan a un normal uso y goce de la cosa arrendada, como ser: descalabro de paredes o cercas, albañales y acequias, rotura de cristales, etc.	El gasto en que se incurra por este concepto tiene el carácter de necesario para producir la renta y, en consecuencia, puede rebajarse de la renta bruta en el ejercicio en que se pague o adeude, de conformidad con lo dispuesto en el inciso 1° del artículo 31 de la Ley de la Renta.
Reparaciones o mejoras necesarias	Son aquellas que tienen por finalidad reparar inmuebles que se arriendan en mal estado. Estas persiguen mantener el inmueble en mínimas condiciones de uso, sin agregarle un valor importante al mismo, como ser: pintura de un inmueble, reparación de pisos o cambios de alfombras, en que por la naturaleza de la actividad comercial o industrial están expuestos a un desgaste rápido, que hacen indispensable su reparación o reposición en forma esporádica, etc.	Igual al caso anterior (gasto ordinario y común, necesario para producir la renta).
Mejoras útiles	Son aquellas necesarias y considerables, que tienen por objeto habilitar, remodelar o acondicionar un inmueble, agregando un valor importante al mismo. Este mayor valor que adquiere el inmueble y que aparece representado por las instalaciones de muros o paredes divisorias para separar ambientes, cambios de ventanales, arreglos de pavimentos interiores y exteriores, cambios de cañerías, instalación de ductos y otros, constituyen propiamente las mejoras útiles introducidas al inmueble que aumentan su valor comercial.	Estas mejoras, revisten el carácter de inmueble por adherencia, es decir, de aquellos que no pueden separarse sin detrimento de la cosa arrendada, pasan de pleno derecho y en el instante mismo de efectuarse a dominio del arrendador, de acuerdo con lo que generalmente se estipula por las partes. De este modo, no podría dárseles a este tipo de mejoras el carácter de bienes del activo fijo o inmovilizado del arrendatario, pues el dominio de ellos no les pertenece, aun cuando se aprovechen o beneficien con ellos durante el período de vigencia del contrato. Sin embargo, atendida la naturaleza y finalidad de estas mejoras, tales desembolsos deben tener el tratamiento establecido en el número 9 del artículo 31 de la Ley de la Renta, que se refiere, entre otros, a los gastos de puesta en marcha que dicen relación directa con aquellos que es necesario incurrir con motivo de la iniciación de una actividad empresarial. De acuerdo con la citada norma, estos gastos deben ser amortizados en un lapso de seis ejercicios comerciales consecutivos, contados desde que se generaron dichos gastos o desde el año en que se comience a generar ingresos, cuando este hecho sea posterior a la fecha en que se originaron los desembolsos.

Prorroga de la fecha de vigencia de Facturas: Hasta el 30 de junio 2014

El Servicio de Impuestos Internos (SII), a través de la Resolución N° 14 del 08 de febrero de 2005, estableció una fecha vigencia a las facturas de ventas, facturas de compra,  liquidación factura, nota de débito y nota de crédito, y guía de despacho, señalándose que estos documentos  solo podrán ser emitidos hasta el 31 de diciembre del siguiente año en que se materializó el timbraje de tales documentos.  Con posterioridad a esa fecha, no podrá ser emitida, careciendo tales documentos de validez tributaria.

Por ejemplo, si timbro las facturas en febrero de 2014, estos documentos tendrán fecha de vigencia para ser emitidos hasta el 31 de diciembre de 2015.

Mediante la Resolución  N° 99, del 29 de noviembre de 2013, el Servicio de Impuestos Internos prorrogo  la fecha de vigencia de los documentos tributarios timbrados en papel, cuya fecha de vigencia vence el 31 de diciembre de 2013, extendiendo esta fecha vigencia hasta el 30 de junio de 2014.

En consecuencia, para que estos documentos mantengan su valides legal  y se puedan seguir emitiendo,  el Servicio dispuso en la resolución aludida que  los contribuyentes deberán estampar en los  respectivos documentos tributarios, como en todas sus copias, sobre o debajo de la leyenda  FECHA DE VIGENCIA EMISIÓN HASTA: 31.Diciembre.2013”, la nueva fecha de vigencia, usando el siguiente texto: “FECHA DE VIGENCIA EMISIÓN HASTA: 30.Junio.2014”.

Para estampar la nueva fecha de vigencia, se podrá hacer mediante la impresión de medios computacionales, timbre de goma o mediante cualquier otro medio manual (manuscrito) o mecánico.

 Todos aquellos documentos que queden sin utilizar después del 30 de junio de 2014, deberán ser inutilizados  en el mes de julio, procediéndose su anulación uno por uno y en forma diagonal, además se deberán archivar y resguardar, según lo señalado por la Resolución N° 14, 08 de febrero   de 2005.

La prórroga o aplazamiento de la fecha de vigencia de los documentos tributarios antes eludidos, no tiene un fundamento por parte del Servicio de Impuestos Internos, solo queda especular cual es la razón de esta medida. En mi opinión, esto se debe a la eventual aprobación del proyecto de facturación electrónica, que obligara a todos los contribuyentes emitir documentos electrónicos.

Listado de Paraísos Fiscales

No existe una lista oficial  de carácter mundial que haga referencia de cuáles son las naciones que son considerados paraísos fiscales, sino que cada país determina para sus efectos tributarios, que países son considerados como tales y cuáles no. Esto se debe a que cada país u organización es el que aplica sus propios criterios de valoración par estos efectos.

Es así entonces que una misma jurisdicción fiscal, pueda ser considerado paraíso fiscal por un determinado país, y al mismo tiempo no sea considerado como tal por otros. Esto se puede deber en ciertos casos, al hecho que ciertas administraciones tributarias han firmado acuerdos de intercambio de información  en materia fiscal con ciertos países, ya sea para evitar una doble imposición como para perseguir los capitales obtenidos mediante métodos ilícitos o encubiertos.

 Una referencia respecto del litado de los paraísos fiscales, se puede encontrar  en La Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) cuyo objetivo es coordinar políticas económicas y sociales de los estados miembros y dentro de la cual la Unión Europea es considerada como una organización participante.

La Ley sobre Impuesto a la Renta, en su artículo 41º D,  numeral 2º exige que los accionistas de las sociedades y los socios o accionistas de aquellos, que sean personas jurídicas y que tengan el 10% o más de participación en el capital o en las utilidades de los primeros, no deberán estar domiciliados ni residentes en Chile, ni en países o en territorios que sean considerados como paraísos fiscales preferenciales nocivos por la Organización de Cooperación y Desarrollo Económico. Por su parte el numeral 6 del artículo señalado dispone que las inversiones que la sociedad realice en el extranjero no podrán efectuarse en los países o territorios referidos.

Para estos efectos, mediante el Decreto Supremo N° 628, publicado en el Diario Oficial el 3 de diciembre de 2003, del Ministerio de Hacienda, se fija la lista de países o territorios considerados como paraísos fiscales o regímenes fiscales preferenciales nocivos, listado que se encuentra plenamente vigente.

Debe hacerse notar, que tal listado se basó en la lista de paraísos fiscales que elaboro la Organización de Cooperación y Desarrollo Económico (OCDE) en aquella época.

Listado de Paraísos Fiscales (Decreto Supremo N° 628, D.O. 03.12.2003)

1)      Principado de Andorra 2)      Anguila 3)      Antigua y Barbuda 4)      Aruba 5)      Bahamas 6)      Estado de Bahrein 7)      Barbados 8)      Belice 9)      Bermudas 10)   Islas Vírgenes Británicas 11)   Islas Cayman 12)   Islas Cook 13)   República de Chipre 14)   Dominica 15)   Gibraltar 16)   Granada 17)   Guernsey 18)   Isla de Man 19)   Jersey 20)   República de Liberia

21)   Malta 22)   República de Mauricio 23)   Montserrat 24)   Antillas Neerlandesas 25)   Niue 26)   República de Panamá 27)   Samoa 28)   República de San Marino 29)   San Cristóbal (San Kitts) y Nevis 30)   Santa Lucía 31)   República de Seychelles 32)   San Vicente y Granadinas 33)   Principado de Liechtenstein 34)   Principado de Mónaco 35)   República de Islas Marshall 36)   República de Nauru 37)   República de Vanuatu 38)   Turcas y Caicos 39)   Islas Vírgenes (Estados Unidos)

Se le recomienda leer el post titulado “Paraísos Fiscales”, publicado el 1 de agosto de 2009 en este mismo Blog.

Crédito por activo fijo: ficha de análisis

A través de la Ley 18.985, publicada en el Diario Oficial el  28 de Junio de 1990, se incorporó a la Ley sobre el Impuesto a la Renta, el artículo 33 bis, el cual establece un crédito a favor de aquellos contribuyentes que efectúen inversiones en bienes físicos del activo inmovilizado. Tema que ya hemos comentado previamente en otra publicación, titulada como “Crédito por ActivoFijo”,  en virtud de esta situación acompaño en esta oportunidad una ficha resumen del tema:  

CREDITO POR ACTIVO FIJO (Art. 33 BIS)
Contribuyentes beneficiados	Los contribuyentes que se benefician con este crédito, son los afectos al impuesto de primera categoría, que declaran renta efectiva por cualquiera de las actividades señaladas en los números 1, 3, 4 y 5 del artículo 20 de la Ley de la Renta, determinada según contabilidad completa, comprendiéndose dentro de ellos los contribuyentes acogidos a las normas del artículo 14 bis de la Ley de la Renta.
Requisitos	a)      Ser contribuyentes de primera categoría con contabilidad completa. b)     Adquisición de bienes físicos del activo inmovilizado nuevos en mercado nacional. c)          Importar bienes físicos del activo inmovilizado nuevos. d)         Construir en el ejercicio bienes físicos del activo inmovilizado. e)         El arrendamiento de bienes corporales muebles nuevos con opción de compra (bienes en leasing).
Bienes por los cuales invocar el crédito	·         Bienes físicos del activo inmovilizado adquiridos nuevos, ya sea, en el mercado interno o externo, incluyendo los adquiridos mediante contrato de leasing, y que puedan ser depreciables. ·  Bienes físicos del activo inmovilizado construidos por el contribuyente, ya sea directamente o a través de otra empresa y que puedan ser depreciados. Cuando se utiliza el término de bienes físicos del activo inmovilizado se entiende que son aquellos activos que fueron adquiridos o construidos con el ánimo o intención de usarlos en la explotación del negocio, sin el propósito de revenderlo.
Monto de este crédito	El monto de este crédito consiste en aplicar un 4% al valor de los bienes físicos del activo inmovilizado adquiridos nuevos o construidos por el contribuyente. Cabe señalar, que este beneficio tributario no es anual, es decir, que si estos bienes tienen una existencia dentro de la empresa inferior a un año, igual procederá el crédito del 4% por el total, siempre y cuando estos figuren al 31 de diciembre en el balance.
Límite de este beneficio tributario	El límite máximo del crédito es de 500 UTM (unidades tributarias mensuales), considerando la UTM del 31 de diciembre.
Tratamiento del crédito	El crédito establecido se aplica contra el impuesto de primera categoría que deba pagarse por las rentas del ejercicio en que ocurra la adquisición de los bienes o término de la construcción, y, de producirse un exceso, la norma dispone que no dará derecho a devolución, debiendo consignarse en la Declaración Anual a la Renta correspondiente al año tributario en que se origina dicho remanente.
Valor a considerar de los bienes para los efectos de determinar el monto del crédito	Para calcular este crédito por compras de activo fijo, se deberá considerar su valor actualizado al término del ejercicio, según las normas de corrección monetaria establecidas en el artículo 41 Nº 2 de la Ley de Renta y antes de descontar la depreciación del período correspondiente. Es importante consignar que el valor de estos bienes corresponderá a aquel que se determine al momento en que puedan ser utilizados o puedan entrar en funcionamiento.
Límite de este beneficio tributario	El límite máximo del crédito es de 500 UTM (unidades tributarias mensuales), considerando la UTM del 31 de diciembre.
Contribuyentes no beneficiados con este crédito	·         Los contribuyentes no afectos o exentos de primera categoría,  cualquiera que sea la forma en que declaren o determinen su renta. ·    Los afectos al impuesto de primera categoría, en calidad de impuesto único o sustitutivo de todos los demás tributos en el caso de los pequeños contribuyentes (Art. 22 de la Ley de la Renta). ·         Los contribuyentes que determinen sus rentas mediante contabilidad simplificada, presunción de renta o por otros medios (eje. Mediante contratos). ·         Las empresas del Estado y las empresas en que el Estado, sus organismos o empresas o municipalidades, tengan una participación o interés superior al 50% del capital. ·     Las empresas que entreguen en arrendamiento con opción de compra de bienes físicos del activo inmovilizado, ya que en este caso la norma le otorga el derecho a la rebaja tributaria a la empresa que toma en arrendamiento con opción de compra los bienes, ya que es ella la que realmente ha efectuado el desembolso de la inversión. ·         Respecto de los bienes construidos, no darán derecho a crédito las obras que consistan en mantención o reparación de los mismos. ·    Tampoco darán derecho a crédito los activos que puedan ser usados para fines habitacionales o de transporte, excluidos los camiones, camionetas de cabina simple y otros destinados exclusivamente al transporte de carga.
Formas de acreditar la adquisición de bienes físicos del activo inmovilizado	La adquisición se podrá acreditar a través de las facturas de compra de los activos fijos o por medio de los contratos que se hayan realizado para dicha adquisición
Normativa	Art. 33 bis de la Ley sobre Impuesto a la Renta Circular N° 41, 27, de agosto de 1990, del SII.

Enajenación de Derechos Sociales: Art. 17, N° 8, letra a) de la Ley de Renta

La Ley 20.630, del 27 de septiembre de 2012, sobre la Reforma Tributaria, incorporo diversas modificaciones a la Ley sobre Impuesto a la Renta, y entre estas modificaciones igualo la tributación respecto del mayor valor obtenido en la enajenación de los derechos sociales a las de las acciones.

Debemos comprender, que los derechos sociales representan la participación que tienen los socios en una sociedad, referida esta a las sociedades de personas, que es distinto a las acciones, la cual es la participación que tienen los accionistas en las sociedades de capitales.

De este modo, independientemente de la calidad jurídica del contribuyente el mayor (utilidad) obtenido por la enajenación de los Derechos Sociales, eventualmente se afectaran con el régimen general de tributación, vale decir  Impuesto de Primera categoría e Impuesto Global Complementario o Impuesto Adicional, dependiendo del domicilio o residencia del contribuyente, o en su defecto se afectaran con el Impuesto Único de Primera Categoría.

Así por ejemplo, el mayor valor se afectara con el régimen general de tributación, cuando se esté en presencia de alguna de las siguientes circunstancias:

a) Cuando el contribuyente sea calificado habitual en la venta de derechos sociales.

b) Cuando entre la compra y la venta de los derechos sociales haya transcurrido menos de un año, sean o no habituales.

c) Cuando se enajene a relacionados, es decir, cuando la operación se efectúe con sociedades en las cuales se tiene participación o interés.

Si quien enajena, es un contribuyente calificado como no habitual en este tipo de operaciones, y no se encuentre obligado de declarar mediante renta efectiva de primera categoría,  el mayor valor de esta operación, se afectara con el Impuesto Único en carácter de Primera Categoría.  Sin embargo, se encontrara exento de este impuesto, si el mayor valor no supere 10 UTA (unidades tributarias anuales).

Por el contrario, se afectaran con el Impuesto Único de Primera Categoría, cuando se encuentre en las siguientes condiciones copulativas:

 a) Cuando quien enajena sea calificado como no habitual en este tipo de operaciones.

b) Cuando la operación se realicé a con sociedades en las cuales se encuentre relacionado o se tenga interés. 

Sin embargo, estos contribuyentes se podrán ver exentos del Impuesto Único de Primera Categoría, cuando no se encuentren obligados a declarar mediante renta efectiva de primera categoría,  si el mayor valor no supere las 10 UTA (unidades tributarias anuales).

 Cabe destacar, que este nuevo régimen de tribulación comenzó a regir a partir del 1° de enero del 2013, y anterior a esta fecha el mayor valor obtenido en la enajenación de los derechos sociales, se consideraba una renta del artículo 20 numero 5 de la Ley sobre Impuesto a la Renta, afectándose con el Impuesto de Primera categoría e Impuesto Global Complementario o Impuesto Adicional, según sea el caso.

Por Juan Carlos Moscoso G.

Enajenación de Derechos de Aguas: Art. 17, N° 8, letra d de la Ley de Renta

De acuerdo con las normas del Código de Aguas, las aguas son bienes nacionales de uso público y se otorga a los particulares el derecho de aprovechamiento de ellas, siendo éste un derecho real que consiste en el uso y goce de las aguas, con los requisitos y en conformidad a las reglas que prescribe dicho código. Es así entonces, que el derecho de aprovechamiento sobre las aguas es de dominio de su titular, quien puede usar, gozar y disponer de él en conformidad a la ley.

Ahora bien, la tributación que corresponde a la enajenación del derecho de agua, se encuentra contenida en el artículo 17, número 8, letra d de la Ley sobre Impuesto a la Renta, sin perjuicio de lo señalado en el artículo 18 de la ley antes citada.

De acuerdo con lo dispuesto por la letra d) del número 8º del artículo 17, no constituye renta el mayor valor, incluido el reajuste del saldo de precio, obtenido en la "enajenación de derechos de agua efectuada por personas que no sean contribuyentes obligados a declarar su renta efectiva en la primera categoría".

Este tratamiento está condicionado, al igual que el caso de la enajenación de pertenencias mineras (tratada anteriormente), a la calidad que ostenta el enajenante, vale decir si es habitual o no en este tipo de operaciones, o en su defecto si están incorporados estos derechos como activos en una renta efectiva de primera categoría.

En consecuencia, no constituirá renta, el valor de adquisición de estos derechos y su correspondiente reajuste a la fecha de enajenación. Lo que exceda del valor de adquisición más su reajuste se gravara con los impuestos pertinentes, es decir si el valor de adquisición y su reajuste pertinente al momento de enajenación es de $110 y se vende en $200, su mayor valor es de $90 (200 – 110), los cuales se gravaran de acuerdo al régimen general (impuesto de primera categoría e impuesto global complementario o adicional, según sea el caso) o en su defecto con el impuesto único de primera categoría, según sea la calidad que ostente el enajenante.

De hecho, para calificar este tipo de operaciones, se deberá considerar en primer término, si se trata de una operación ocasional, ya que si la enajenación de los derechos de agua representa, como lo dice el artículo 18, "el resultado de negociaciones o actividades realizadas habitualmente por el contribuyente" el mayor valor obtenido deberá tributar bajo el régimen general, es decir, con los impuestos de primera categoría y global complementario o impuesto adicional, según sea el domicilio o residencia del contribuyente.

Para los fines de establecer cuándo existe habitualidad, son aplicables en lo pertinente, los conceptos y consideraciones contenidos en la Circular N° 158, de 1976, del Servicio de Impuestos Internos.

Ahora bien, independientemente de la calidad jurídica del contribuyente,  y que se encuentre declarando según renta efectiva en la primera categoría,  que enajenen en forma esporádica o habitual derechos de agua que formen parte de su activo, cualquiera que sea la denominación de éste, deberán tributar bajo el régimen general, es decir primera categoría y global complementario o adicional, según sea el caso.

Si quien enajena, es un contribuyente calificado como no habitual en este tipo de operaciones, y no se encuentre obligado de declarar mediante renta efectiva de primera categoría,  el mayor valor de esta operación, se afectara con el Impuesto Único en carácter de Primera Categoría.  Sin embargo, se encontrara exento de este impuesto, si el mayor valor no supere 10 UTA (unidades tributarias anuales).

En la siguiente gráfica, se representa lo antes comentado:

Por Juan Carlos Moscoso G.

Chile tiene el régimen fiscal menos exigente del mundo para las grandes mineras de cobre: ¿Chile regala su cobre?

La prestigiosa consultora internacional internacional GMP Securities indica que Chile “podría implementar fácilmente impuestos más onerosos para las mineras”.

Chile, que tiene la producción de cobre más grande del mundo, recibe el 28% de los beneficios brutos de las grandes mineras de cobre, en comparación con el 51% de beneficios que aportan las mineras en Polonia al Estado, el 46% en Arizona, EEUU; y 39% en Perú, indica un reciente análisis de la consultora internacional GMP Securities.

“Chile tiene el régimen fiscal menos exigente del mundo para las grandes mineras de cobre y podría implementar fácilmente impuestos más onerosos para las mineras”, apunta el informe.

“Sería difícil para el gobierno de Chile sacar provecho tributario de los proyectos mineros de cobre mientras los precios del metal rojo sigan a la baja, pero una recuperación de los precios podría llevar a cambios”, aseveró Matthew Fernley, analista principal de minería de GMP. 

“Si los precios del cobre comienzan a aumentar, creo que Chile estaría sin dudas en condiciones de implantar un impuesto a las sobreganancias de las mineras”, dijo Fernley a diversos medios de comunicación en una rueda de prensa, y agregó que en comparación a otros países mineros, Chile “está dejando mucho dinero sobre la mesa”. 

Chile cobra un royalty minero que va entre un 5% y un 14% del margen de explotación y un impuesto a las empresas del 28%.

Estructura de impuestos en otros países


Polonia es el noveno productor de cobre más importante y tiene un régimen fiscal más exigente. Cobra un royalty minero que va de un 1% a un 35%, con un impuesto a las empresas del 19%.

Arizona, el quinto productor de cobre más grande, tiene el segundo régimen más exigente para las mineras, cobrando un canon de un 3,1% y una tasa de impuesto empresarial del 35%.

Perú, el segundo productor de cobre más grande en 2012, ocupa el tercer régimen más exigente y cobra un royalty que va de 1% a un 12% del margen de explotación y un beneficio del impuesto a empresas del 30%, donde el gobierno recibe el 39% del beneficio bruto.

El séptimo mayor productor de cobre, Indonesia tiene el segundo régimen fiscal más blando, cobrando un royalty de un 4% y un impuesto de 25%. 

Ante este panorama, Fernley indica en el informe que “nos sorprende que el régimen de royalty en Chile sea tan suave y creo que realmente podría ser algo más oneroso”, y añade que “los regímenes fiscales más suaves pueden ser los más propensos a hacer cambios”.

Comparación con otros emergentes


Regímenes de impuestos entre los países emergentes productores de cobre son incluso más estrictos que Chile. Los gobiernos de Mongolia y Kazajstán reciben hasta un 71% y el 44% de los beneficios brutos de las cupreras, respectivamente.

Menos recaudación del Estado

De acuerdo a cifras de Cochilco, en 2012 las grandes mineras sumadas a Codelco tributaron US$ 8.358,5 millones, US$ 2.494,4 millones menos que en 2011.

Según el Servicio de Impuestos Internos (SII), en la Operación Renta 2013 se produjo una baja del impuesto específico a la minería producto de menores ingresos operacionales.

Esta disminución generada por el sector minero se descompone en US$ 1.657 millones en impuestos de primera categoría, US$ 481 millones en impuesto adicional y US$ 340 millones en impuesto específico a la minería. La caída en el impuesto de primera categoría se vio afectada por un hecho extraordinario que corresponde a la venta del yacimiento Los Bronces por parte del grupo AngloAmerican Sur.

Adicionalmente, se tuvo en las mineras una caída de un 16,8% de ingresos operacionales en 2012 respecto a 2011, directamente relacionada con menor valor de la libra de cobre; aumento de 9,9% real en su costo de remuneraciones durante el 2012; el incremento del costo de energía por tonelada de cobre extraída el 2012 respecto del año anterior, que se suma al sistemático aumento de la importancia que ha tenido la energía dentro de la estructura de costos de la industria del cobre y la caída de ley del mineral.

FUENTE: Diario Financiero

Enajenación de Pertenencías Mineras: Art. 17, N° 8, letra c de la Ley de Renta

El artículo 2° del Código de Minería establece que “La concesión minera es un derecho real inmueble; distinto e independiente del dominio del predio superficial, aunque tengan un mismo dueño; oponible al Estado y a cualquier otra persona; transferible y transmisible; susceptible de hipoteca y otros derechos reales y, en general, de todo acto o contrato; y que se rige por las mismas leyes civiles que los demás inmuebles, salvo en lo que contraríen disposiciones de la ley orgánica constitucional o del presente Código.”

“La concesión minera puede ser de exploración o explotación; esta última se denomina también pertenencia. Cada vez que este Código se refiere a la o las concesiones, se entiende que comprende ambas especies de concesiones mineras”.

En consecuencia a la norma antes transcrita, se puede inferir que una “PERTENENCIA MINERA”, es aquella concesión que otorga el Estado a un contribuyente, para la explotación de un yacimiento minero.

Las normas sobre la tributación de la enajenación de pertenencias mineras, se encuentran contenidas en la letra c) del número 8º del artículo 17, sin perjuicio de lo establecido en el artículo 18 de la misma Ley.

El inciso segundo, del número 8 del artículo 17, antes mencionado, señala que no constituirá renta sólo aquella parte del mayor valor que se obtenga hasta la concurrencia de la cantidad que resulte de aplicar al valor de adquisición de la Pertenencia Minera,  el porcentaje de variación experimentada por el IPC en el período comprendido entre el último día del mes anterior al de la adquisición y el último día del mes anterior al de la enajenación, todo ello sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 18. Por fecha de enajenación se entenderá la del respectivo contrato, instrumento u operación.

Lo antes mencionado debe entenderse que no constituye renta, vale decir no tributa, el costo de adquisición de la pertenecía minera y el reajuste que experimente este bien hasta su enajenación. Así por ejemplo, si me costo $100, y el IPC experimentado desde su adquisición hasta su enajenación es del 10%, entonces no constituirá renta (no tributa) $110, pero si lo vendo en $200, entonces aquella parte que exceda de los $110, vale decir el mayor valor representado por $90 (200 – 110), se encontrara afecta a impuestos.

Ahora bien, para determinar cómo se gravara  este mayor valor, se deberá determinar la calidad que ostenta el enajenante, es decir si es habitual o no en este tipo de operaciones, o si este bien está incorporado como un activo en una renta efectiva con contabilidad completa.

   

De hecho, para calificar este tipo de operaciones, se deberá considerar en primer término, si se trata de una operación ocasional, ya que si la enajenación de la pertenencia representa, como lo dice el artículo 18, "el resultado de negociaciones o actividades realizadas habitualmente por el contribuyente" el mayor valor obtenido deberá tributar bajo el régimen general, es decir, con los impuestos de primera categoría y global complementario o impuesto adicional, según sea el domicilio o residencia del contribuyente.

Para los fines de establecer cuándo existe habitualidad, son aplicables en lo pertinente, los conceptos y consideraciones contenidos en la Circular N° 158, de 1976, del Servicio de Impuestos Internos.

Ahora bien, independientemente de la calidad jurídica del contribuyente,  y que se encuentre declarando según renta efectiva en la primera categoría,  que enajenen en forma esporádica o habitual pertenencias mineras que formen parte de su activo, cualquiera que sea la denominación de éste, deberán tributar bajo el régimen general, es decir primera categoría y global complementario o adicional, según sea el caso.

Si quien enajena, es un contribuyente calificado como no habitual en este tipo de operaciones, y no se encuentre obligado de declarar mediante renta efectiva de primera categoría,  el mayor valor de esta operación, se afectara con el Impuesto Único en carácter de Primera Categoría.  Sin embargo, se encontrara exento de este impuesto, si el mayor valor no supere 10 UTA (unidades tributarias anuales).

En la siguiente gráfica, se representa lo antes comentado:

Por Juan Carlos Moscoso G.